Del listado original de 41 empresas, el Gobierno privatizó y concesionó una firma y un grupo de represas.Ahora buscan acelerar el proceso para conseguir dólaresCuánto valen y quiénes son los interesados
Cuáles son las 8 privatizaciones con las que el Gobierno prevé juntar US$ 2.000 millones hasta fin de año para pagar deuda
Del listado original de 41 empresas, el Gobierno privatizó y concesionó una firma y un grupo de represas. Ahora buscan acelerar el proceso para conseguir dólares. Cuánto valen y quiénes son los interesados.
- Transener
- AYSA
- Intercargo
- Belgrano Cargas y Logística
- Centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín
- Tandanor
- Concesiones hidroeléctricas
- Casa de la Moneda
El Gobierno apuesta a levantar US$ 2.000 millones hasta fin de año con la puesta en marcha de nuevas privatizaciones y concesiones de empresas públicas. Esa será una de las fuentes con las que buscarán cubrir los pagos de la deuda, además de la emisión de bonos en dólares en el mercado local y préstamos con garantías de organismos multilaterales.
"Vamos a estar llevando acabo privatizaciones y concesiones, la idea es terminarlas de acá a fin de año, esto va a generar ingresos por US$ 2.000 millones, el optimismo está fundado en datos", anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el congreso de economía y finanzas ExpoEFI.
Javier Milei se propuso en un principio privatizar 41 empresas, un listado que luego se redujo a las 8 habilitadas por la Ley Bases, pero que igualmente enfrentó trabas judiciales y dificultades técnicas. Así, en dos años de gestión privatizó IMPSA y concesionó las represas del Comahue. Necesitado de dólares, ahora buscan acelerar el proceso.
Según el Gobierno, se encuentra en su etapa final. En rigor, es el único caso donde el mercado puso precio real. El consorcio entre Edison Energía y Genneia, dos grandes generadores de electricidad en Argentina, está a un paso de quedarse con el 50% de Citelec -la controlante de Transener-, tras presentar una oferta por US$ 356,1 millones.
La empresa es una pieza estratégica del sistema eléctrico porque opera la red troncal de transporte de energía, un negocio monopólico con ingresos regulados. Su objetivo contractual es la operación y el mantenimiento de la red, pero no la extensión de las líneas de alta tensión. La adjudicación está prevista para el mes de mayo.
La empresa firmó el martes un nuevo contrato de concesión privada, que hace permanente el esquema en marcha desde 2024. El modelo contempla concesión por 30 años, revisiones tarifarias cada cinco años, obligación de inversiones privadas sin asistencia estatal y la concesionaria debe mantener el equilibrio económico financiero.
Después de algunas demoras, el próximo paso es la licitación pública del paquete accionario mayoritario del Estado, con el 10% restante en manos de los trabajadores. Entre los interesados, se encontraría la familia Neuss (junto a los dueños de Havanna y Newsan integra Edison Energía) y Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor.
AYSA presta servicio de agua potable y de tratamiento de desagües cloacales en AMBA a 15 millones de personas. Es la segunda más grande de América Latina. El Banco Mundial asesora al gobierno en el proceso y la valuación fue encomendada al BICE. La licitación está a cargo del Ministerio de Economía.
El Ejecutivo ya definió la venta del 100% de la compañía de servicios aeroportuarios (asistencia en tierra, rampa y transporte de pasajeros al pie del avión en la mayoría de los aeropuertos del país). Sin embargo, todavía no trascendieron pliegos finales ni apertura de ofertas. En el sector estiman que podría valer entre US$ 150 millones y US$ 400 millones.
En 2025, se decretó la privatización total del ferrocarril y prepara licitaciones para la concesión de vías, talleres locomotoras y vagones. Habrá múltiples concursos separados para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, bajo esquema de "open access" (acceso abierto). Esta semana, el Gobierno definió que los fondos de venta de material rodante a través de remates públicos irán a infraestructura ferroviaria. Las vías seguirán siendo del Estado.
En el sector privado hay interés de agroexportadoras (Asociación de Cooperativas Argentinas, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus) y mineras. También está interesado el Grupo México, que opera rutas en México, a través de Ferromex y Ferrosur junto al magnate Carlos Slim.
El Gobierno busca desprenderse de su participación en las dos usinas térmicas, ubicadas en el norte de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, donde la empresa estatal ENARSA controla el 65%. El resto del capital está distribuido entre generadoras privadas como Central Puerto, AES, Enel, Pampa Energía, Orazul Energy.
A principios de marzo, la controlante inició el proceso de liquidación final de los fideicomisos propietarios de las centrales, cuyo valor alcanzaría unos U$$ 300 millones de dólares por cada usina, según cálculos privados.
El Gobierno busca reprivatizar el astillero con 90% de capital estatal y 10% de trabajadores. Si bien fue eliminado del listado de la Ley Bases, la intención es avanzar en un proyecto de ley individual. La empresa fue privatizada en 1991 y reestatizada en 2007, mientras que en 2024 la venta previa fue considerada fraudulenta por la Corte Suprema. Se trata de uno de los mayores astilleros de Sudamérica, dedicado a la reparación y construcción de buques, barcazas y embarcaciones de gran porte. Ubicado en la estratégica y valiosa dársena sur del puerto de Buenos Aires (Puerto Madero), su infraestructura y talleres prestan servicios a importantes navieras y petroleras del mundo.
Después de la concesión de las represas del Comahue a privados por US$ 700 millones, la gestión de Milei busca hacer lo propio con las usinas cuyos contratos vencieron. La segunda etapa implica nuevas concesiones privadas en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.
Las autoridades avanzaron en la reestructuración del organismo con 156 años, dedicado a la impresión de billetes y acuñación de monedas de curso legal. Los cambios implicaron el freno de la impresión de billetes para importarlos en su mayoría desde China, y la reducción de la plantilla a la mitad. Todavía está pendiente el traspaso de funciones a ARSAT y RENAPER y la resolución de deudas con proveedores internacionales y locales de insumos por más de US$ 200 millones.
Fuente: Clarin
