Con el fin del Programa Volver al Trabajo (VAT), casi un millón de beneficiarios recibían $78 mil. Estaba congelado desde 2023. El Ejecutivo apelará el fallo de primera instancia.
La Justicia obliga al Gobierno a restituir los planes sociales que había dejado de pagar a cambio de vouchers
El Gobierno sumó un nuevo revés en la Justicia. El juzgado federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantenga el pago de las prestaciones económicas del Programa Volver al Trabajo (VAT).
El fallo obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a pagar la prestación de $78 mil dentro de los próximos tres días y que mantenga el programa hasta que haya una sentencia de fondo.
El pago del salario social complementario -creado por una ley unánime del Congreso en 2017 y que se pagaba a través del VAT- se interrumpió a principios de mes, cuando el Gobierno avanzó con la voucherización de los programas.
El programa finiquitado y repuesto ahora por la Justicia había reemplazado al Potenciar Trabajo. El Gobierno presentó la voucherización como el fin de los planes sociales. Antes había dado de baja la contraprestación que debían dar los beneficiarios con el argumento de correr de la intermediación a las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Buena parte de esos recursos se pagaron vía la AUH y la Tarjeta Alimentar.
Un grupo de trabajadores del VAT había promovido una acción colectiva contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril de 2026, con pago de una última asignación este mes.
“El corte abrupto de la prestación compromete derechos constitucionales básicos”, señaló el juez Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Primera instancia. En cuanto a su fallo por los planes, el magistrado citó el "principio de no regresividad de los derechos sociales" y ordenó al Estado restituir o mantener los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de multas.
El fallo señala que el programa de vouchers de capacitación que el presidente Javier Milei presentó con Pettovello y todo el gabinete no constituye una medida equivalente a un ingreso monetario. Argumenta que no garantiza condiciones mínimas de subsistencia y citó el artículo 14 bis de la Constitución al tiempo que recordó que es deber del Estado adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables.
Desde la UTEP, que agrupa a organizaciones sociales como el Evita y Somos Barrios de Pie, entre otras, celebraron el fallo mientras participaban del Segundo Congreso Nacional "Papa Francisco". La noticia se conoció el mismo día del aniversario de la muerte de Jorge Bergoglio, muy cercano a estas organizaciones sociales.
Capital Humano apelará la decisión judicial. El Gobierno acaba de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar el giro de 2.5 billones de pesos que debería pagar a las universidades por la ley de financiamiento. También recurrió al máximo Tribunal con un per saltum para que se restituyan los artículos de la reforma laboral bloqueados por un juez de primera instancia.
“Nada puede terminar bien con este cuadro y gracias a Dios, en el día del aniversario de la muerte de Francisco, hoy la justicia hace justicia y nosotros en nuestro segundo congreso nacional definimos seguir en las calles defendiendo a los trabajadores”, señaló el secretario general de la UTEP y referente del Evita, Alejandro Gramajo.
Los dirigentes sociales calculan que el Estado se ahorraba $3.300 millones mensuales con la eliminación de los planes, que impactaba en el bolsillo de los trabajadores informales, que gracias a ese ingreso podían acceder a productos básicos de subsistencia como leche, garrafas para cocinar y carne en un escenario con alta inflación.
La medida judicial también fue celebrada por el Polo Obrero, que lidera Eduardo Belliboni. "La Justicia acaba de darle un revés a la decisión brutal de Milei de dar de baja a 1 millón de trabajadores", escribió el referente piquetero.
Fuente: Clarin
