El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas para reconstruir la evolución patrimonial de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad. La decisión incluye el levantamiento del secreto bancario y fiscal y pedidos de información a distintos organismos públicos y entidades financieras.
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El juez federal Sebastián Casanello dispuso levantar el secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó una batería de medidas para reconstruir su evolución patrimonial desde 2020 hasta la actualidad.
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En ese sentido, el Banco Central deberá requerir a bancos y entidades financieras el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera de Francisco Adorni. También hay pedidos a ARCA, entre otras medidas que había solicitado el fiscal Guillermo Marijuán al impulsar el caso.
El juez, que subroga en estos días el Juzgado Federal 6, hizo lugar a las medidas requeridas por el fiscal Marijuán, quien impulsó formalmente la pesquisa a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La investigación tiene “la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni”.
Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Según la denuncia, el funcionario “habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional”, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, desde junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
El fiscal recordó que, de acuerdo con la denuncia, Francisco Adorni “no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”.
En el escrito se detalló además que, al asumir funciones públicas, Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000 y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones. También consignó bienes y dinero por un total de $43.790.000 y “ninguna suma en concepto de deudas”.
Sin embargo, el fiscal advirtió que en la declaración jurada anual correspondiente a 2025 el funcionario informó un patrimonio neto de $80.500.000.
Según se consignó, el incremento “se explicaría sustancialmente” por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, especialmente, la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.
En uno de los tramos del dictamen, el fiscal señaló que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos”.
A pesar de mencionar la existencia de otra causa vinculada al patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que “aquellas menciones que a su respecto efectúa en la denuncia no serán objeto de esta investigación”.
Para avanzar con la pesquisa, el juez accedió a las medidas sugeridas por el Ministerio Público, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y requirió una extensa serie de informes a organismos públicos y entidades financieras.
Entre otras medidas, solicitó información a ARCA sobre declaraciones juradas, movimientos patrimoniales, cuentas bancarias, consumos con tarjetas, operaciones cambiarias, bienes registrables y eventuales movimientos vinculados a activos virtuales.
También pidió al Banco Central que requiera a bancos y entidades financieras el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera.
El dictamen de Marijuan incluyó además un requerimiento específico al Banco Provincia para que remita “detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026”, incluyendo fecha, monto, medio de pago y origen de los fondos utilizados.
La investigación también apunta a reconstruir posibles vínculos societarios, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros del funcionario. Para eso, se libraron pedidos a la UIF, IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, compañías aseguradoras y empresas de envío de dinero.
Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo de Francisco Adorni, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción le pidió las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.
Fuente: Ambito
