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Jueves, 14 mayo 2026
Manuel Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares en el caso $Libra

Manuel Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares en el caso $Libra

El abogado Matías Ledesma representa al jefe de Gabinete Manuel Adorni y a Diego Mellino, hijo del jubilado que recibió un millón de dólares en criptomonedas de Hayden Davis en el marco del caso $Libra.

Argentina suele aparecer entre los países con mayor cantidad de abogados per cápita de América Latina. Las estimaciones más citadas hablan de entre 143.000 y 145.000 letrados en todo el país. En ese marco, este miércoles surgió una coincidencia que empezó a generar ruido en la política. Pese a existir más de 86 mil profesionales del derecho habilitados para ejercer en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, eligió como defensor a Matías Ledesma.

El dato podría no significar nada. Sin embargo, según informó La Nación, Ledesma representa también a Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino, el jubilado de 75 años que recibió más de un millón de dólares en criptomonedas de Hayden Davis, uno de los principales investigados en el caso $Libra, la memecoin promocionada públicamente por el presidente Javier Milei.

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El envío de dinero digital se produjo después de la reunión que el mandatario mantuvo en Casa Rosada con el empresario tecnológico. Desde entonces, la Justicia analiza los movimientos financieros y las transferencias asociadas al caso, en un expediente que avanza sobre la reconstrucción del recorrido de los fondos vinculados a Davis, una trama que aún no fue completamente delineada.

Por otra parte, según consignó el medio antes mencionado, Ledesma también interviene como representante legal de integrantes de la familia Mellino en otro expediente judicial vinculado a una investigación por presunto contrabando.

Ese dato abrió un nuevo foco de atención en torno a las posibles conexiones entre ambos procesos, que ahora son seguidos con especial interés en el ámbito judicial.

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La investigación sobre Adorni se centra en el análisis de gastos, préstamos, viajes y movimientos patrimoniales, en busca de establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y la evolución de su patrimonio a lo largo del período bajo revisión.

El fiscal federal Guillermo Marijuán dispuso la apertura de una serie de medidas de prueba tras imputar este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado bonaerense, exfuncionario del Ministerio de Defensa y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El expediente lo señala por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó la instrucción en el fiscal del caso.

La presentación judicial puso bajo análisis posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y el incremento patrimonial de Francisco Adorni. Su ingreso a la administración nacional se produjo en junio de 2025, como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, cargo al que accedió con respaldo político de su hermano.

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En las últimas elecciones legislativas, el hermano del jefe de Gabinete obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires e integra actualmente el bloque de La Libertad Avanza.

En 2024, entre bienes, depósitos y efectivo, declaró $43.790.000. Pero de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en su declaración jurada de 2025 Francisco Adorni consignó un patrimonio neto de $80.500.000.

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Ese incremento entre períodos se vincularía, según surge de la causa, a la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y a la cancelación, en un plazo de 12 meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia por aproximadamente $60 millones.

En su presentación, la legisladora Pagano sostuvo que, si bien la adquisición del vehículo podría explicarse por los ingresos percibidos en la función pública, el nivel salarial informado no alcanzaría para justificar el pago de las 12 cuotas del préstamo hipotecario cancelado en un lapso tan breve.

Fuente: Perfil

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