El caso Adorni, el freno a la desaceleración de precios y una economía desigual complica al Presidente. Su base de apoyo se achica, pero aún lidera los sondeos.
La última encuesta nacional de QSocial dejó una postal que, por sí sola, ya hubiera bastado para encender alarmas en el oficialismo: la aprobación de la gestión del presidente Javier Milei registró su cuarta caída mensual consecutiva, acumuló un retroceso de 17 puntos en cuatro meses y se ubicó en el nivel más bajo de toda la serie. Es una tendencia sostenida, que toca al mismo tiempo varias dimensiones del vínculo entre el Gobierno y la sociedad. Y eso obliga a salir del juego de los titulares para preguntarse algo más incómodo: qué se rompió, dónde y cuán reversible es.
La pregunta no es retórica. Los números muestran que el deterioro no responde a un único episodio sino al desgaste simultáneo de varias piezas del contrato electoral con el que Milei llegó al poder. Conviene, entonces, ordenar los motivos.
Durante el primer tramo del año, una porción importante de la sociedad estaba dispuesta a convalidar el costo del programa económico. A comienzos del año, el 43% coincidía con que “las políticas de Milei son necesarias aunque duelan en el corto plazo”. En la última medición, ese consenso cayó al 32%. Once puntos menos en pocos meses. La sociedad no abandonó por completo la idea de que un ajuste era inevitable, pero sí empezó a discutir el sentido del esfuerzo. Y cuando lo que se discute es el sentido, lo que está en crisis ya no es la política puntual sino el horizonte que la justifica.
Ese dato vale doble en un programa como el de Milei, porque toda su lógica descansa sobre una promesa implícita: se sufre porque es el sacrificio que se necesita para recuperar el destino del país. Cuando el “mañana” se corre, el “hoy” se vuelve insoportable. Y el primer síntoma político de esa fatiga aparece, justamente, en la aprobación.
La caída no fue homogénea. La fotografía electoral muestra que el desgaste se concentró en los segmentos que habían empujado a Milei a su triunfo en el ballotage. Los independientes, que suelen funcionar como termómetro del clima de época, recortaron su aprobación al Gobierno en 16 puntos desde diciembre. Entre quienes se identifican con el PRO, el retroceso es todavía más profundo: 34 puntos. Y aun en el corazón del propio espacio libertario aparece una grieta: la cantidad de personas que se identifican como libertarias cayó 5 puntos respecto del año pasado.
Si hay un argumento que sostuvo la paciencia social fue la promesa de domar la inflación. Ese activo, hoy, está bajo presión. El 65% de los encuestados considera que el Gobierno no está logrando controlar la inflación, una percepción que creció 14 puntos desde febrero. No estamos hablando del IPC, sino de algo más complejo y más político: la percepción cotidiana de cómo se mueven los precios.
Para un presidente que prometió que la inflación iba a “arrancar con cero”, la cuestión es delicada. No porque la macro no muestre avances —los muestra—, sino porque la batalla cultural por el relato antiinflacionario se libra en la góndola, en la tarifa de los servicios, en el ticket del supermercado. Y allí, por ahora, el Gobierno no obtuvo buenos resultados los últimos meses.
Solo el 19% evalúa positivamente la situación económica del país, 23 puntos menos que en diciembre. Pero el dato más elocuente no es la opinión sobre la macro: es lo que pasa puertas adentro de los hogares.
El 75% de los hogares tuvo que recortar gastos en el último mes para llegar a fin de mes. El 58% declara no tener capacidad de ahorro. El 67% tuvo dificultades para pagar deudas o cuotas en el último año. El 61% recurrió a la tarjeta de crédito para pagar gastos básicos —alimentos, servicios o farmacia— en los últimos seis meses. Y el 58% usó ahorros previos para cubrir gastos corrientes del hogar en el último año.
Cada uno de esos números es, en realidad, una historia. Lo que muestran en conjunto es algo más profundo: la sensación, transversal, de estar viviendo por debajo de lo que se esperaba. Y esa sensación no se compensa con una variable macro, por más que la macro mejore.
Al malestar económico se le suma un problema dirigencial concreto. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, presenta hoy los indicadores más desfavorables del elenco oficial: 53% de rechazo y apenas 15% de aceptación. Es el dirigente con peor diferencial de imagen. Y, en un dato que merece atención particular, incluso dentro del propio espacio libertario solo el 40% lo evalúa positivamente.
Cuando una figura central del oficialismo no logra convalidarse ni siquiera entre los propios, deja de ser una pieza neutra del gabinete y empieza a operar como un costo. No por sus capacidades técnicas, sino por la marca política que carga: la de un funcionario sobre el que se proyectan, hoy, todas las contradicciones del Gobierno.
Y aquí aparece, quizás, el desgaste más sensible. La Libertad Avanza construyó su identidad sobre una promesa fundacional: terminar con la casta. No con tal o cual dirigente, sino con un modo de ejercer el poder asociado a los privilegios, a la opacidad y al beneficio personal. Era la bandera moral del proyecto.
El caso Adorni —con los cuestionamientos y la sospecha pública que arrastra— funcionó como un bumeran. Hoy el 64% considera que la mayoría de los funcionarios del gobierno son corruptos, el valor más alto de toda la serie. Es el dato más elocuente del paquete, porque no toca una política puntual sino la razón de ser del proyecto.
La corrupción, por sí sola, rara vez derriba a un gobierno. Pero cuando se combina con un malestar económico que no afloja y con una promesa fundacional que se resquebraja, se convierte en un multiplicador de desilusión. Y la desilusión, a diferencia del enojo, no se expresa con bronca: se expresa con desafección. Es el territorio donde muchos gobiernos perdieron su base sin haber hecho nada particularmente escandaloso.
La respuesta corta es no. Y conviene decirlo con la misma claridad con la que se describe el deterioro. El Gobierno mantiene un nivel de apoyo electoral en torno al 30% y, en los escenarios electorales que medimos, sigue liderando. Es el piso que muchos envidiarían en un escenario de ajuste.
Hay además algo que la encuesta también mide y que conviene subrayar: la tendencia es reversible. La caída de la paciencia social no es lo mismo que la pérdida de la esperanza. Si el Gobierno logra mostrar avances concretos en el frente que prometió ordenar —precios, ingresos reales, estándar de conducta de los funcionarios—, la pendiente puede volver a inclinarse a su favor. La política argentina ha enseñado, con paciencia y golpes, que las curvas pueden invertirse en pocos meses cuando lo cotidiano empieza a aflojar.
Y hay, por último, una oportunidad extrínseca que el oficialismo todavía conserva: el 65% de los argentinos pide que el peronismo se renueve, tanto en dirigentes como en ideas. La principal fuerza alternativa atraviesa un momento de crisis de liderazgo y narrativa, y por ahora nadie logra liderar ese proceso de renovación. Eso le da a Milei un margen que pocos presidentes han tenido en situaciones similares: un electorado disconforme, sí, pero sin un destino claro hacia el cual migrar.
La conclusión, entonces, no es apocalíptica pero tampoco complaciente. El Gobierno no enfrenta una crisis terminal; enfrenta un aviso, y un aviso bastante explícito. Los números de QSocial muestran que el oficialismo todavía tiene aire: una base electoral competitiva, una oposición fragmentada y un electorado que no encontró aún por dónde canalizar el malestar. Pero también muestran que el contrato original se está agrietando en sus dos pilares fundacionales —la promesa de ordenar la economía y la promesa de barrer con la casta—, y que las piezas del armado de 2023 ya no se sostienen solas.
Fuente: Ambito
